El Real Decreto-ley modifica la norma aprobada el pasado 12 de marzo que permitía a pymes y autónomos aplazar sus obligaciones tributarias hasta un máximo de 30.000 euros durante seis meses, con los tres primeros exentos de intereses. El periodo de carencia se amplía ahora a cuatro meses. Montero ha explicado que, hasta la fecha, se han registrado 1.016.688 solicitudes de aplazamiento por un importe superior a los 2.031 millones de euros, y el número de beneficiarios asciende a 638.652.
Respecto al impuesto de sociedades, el procedimiento de declaración se adapta para que las que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales antes del final del plazo de presentación, puedan hacerlo con las cuentas anuales que tengan disponibles.
